UBA demanda al Gobierno por no implementar la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que recurrirá a la Justicia para exigir al Gobierno nacional la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente promulgada, pero aún no ejecutada. La casa de altos estudios advirtió que la decisión del Ejecutivo afecta directamente el sistema republicano y vulnera la voluntad del Congreso.

La normativa, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado luego de un intenso debate y tras superar el veto del presidente Javier Milei, fue promulgada oficialmente por el Ejecutivo. Sin embargo, se incluyó una cláusula que condiciona su implementación a una futura resolución presupuestaria del Congreso, bloqueando en la práctica la puesta en marcha de la ley.

Frente a esta situación, el Consejo Superior de la UBA resolvió iniciar acciones legales para garantizar que el Gobierno cumpla con la norma vigente. "Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la norma, suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento", señaló la universidad en un comunicado oficial. "Este decreto, que promulga formalmente pero suspende materialmente la ley, altera el equilibrio republicano y desconoce la voluntad soberana del Congreso", agregaron.

La Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo asegurar el sostenimiento económico de las universidades nacionales y recomponer los salarios del personal docente y no docente, afectados por años de retrasos y pérdida de poder adquisitivo.

Según datos del sistema universitario, desde diciembre de 2023 la inflación acumulada alcanzó aproximadamente el 250%, mientras que los salarios solo aumentaron un 95%, implicando una pérdida de casi el 40% del poder adquisitivo. Además, los gastos operativos en educación cayeron un 30% en términos reales desde mayo de 2024.

"La no ejecución de esta ley constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina", concluyó la UBA.

Esta medida judicial de la UBA podría generar un debate más amplio sobre el rol del Estado en la educación superior y la protección de la autonomía universitaria, un tema que despierta preocupación entre académicos, estudiantes y la sociedad en general.

Redacción de Diario INFOPBA