La Provincia salió a sostener el transporte del AMBA y activó un régimen propio de compensaciones

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En un escenario de fuerte reconfiguración del sistema de financiamiento del transporte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó con una decisión clave para el Área Metropolitana: la creación de un régimen de compensaciones económicas destinado a sostener el transporte público automotor de pasajeros bajo jurisdicción provincial.

La medida, oficializada a través de su publicación en el Boletín Oficial bonaerense, surge como respuesta directa al recorte de subsidios nacionales y busca amortiguar el impacto del ajuste tanto en los usuarios como en las empresas que prestan el servicio. El objetivo central es preservar el funcionamiento cotidiano de un sistema que resulta esencial para millones de bonaerenses.

Según establece la resolución, el nuevo régimen tiene como finalidad “asegurar condiciones de regularidad, continuidad y accesibilidad del sistema de transporte”, en un contexto donde la sostenibilidad económico-financiera del sector se vio seriamente tensionada.

En su artículo primero, la norma dispone la creación formal de este esquema de compensaciones, definido como una herramienta excepcional orientada a garantizar la prestación del servicio en el AMBA. El texto remarca que el régimen apunta a “contribuir al sostenimiento económico-financiero del sistema de transporte público automotor de pasajeros”.

La resolución faculta además al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a establecer los criterios operativos del programa. Esto incluye la determinación de los prestadores alcanzados, las condiciones de acceso a las compensaciones y los mecanismos de control, seguimiento y fiscalización, con el foco puesto en el cumplimiento efectivo de los servicios.

Municipios alcanzados y alcance del régimen

El esquema comprende, en principio, a los municipios que integran el AMBA, entre ellos Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate, entre otros.

No obstante, la normativa deja expresamente abierta la posibilidad de ampliar el alcance territorial del régimen en el futuro, en función de las evaluaciones que realice la autoridad de aplicación.

Podrán acceder a las compensaciones los prestadores que operen dentro del ámbito definido y que cumplan con los requisitos que establezca el Ministerio de Transporte. La resolución es clara al señalar que los aportes estarán estrictamente vinculados al cumplimiento real y verificable de los servicios, lo que refuerza el esquema de control estatal.

Por último, el texto aclara que el otorgamiento de estas compensaciones no genera derechos adquiridos ni compromisos permanentes para el Estado provincial, ya que se trata de un régimen sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a evaluaciones periódicas por parte del Poder Ejecutivo.

Opinión pública

La decisión de la Provincia marca un movimiento político y administrativo relevante: frente a la retracción de fondos nacionales, Buenos Aires opta por intervenir para evitar un deterioro del transporte en el AMBA, una región donde el servicio impacta de manera directa en la vida cotidiana, el empleo y la actividad económica. El desafío, hacia adelante, será sostener este esquema en el tiempo sin desordenar las cuentas públicas y con controles que garanticen que los recursos lleguen efectivamente a donde deben.

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