Cuando el déficit cero transforma las rutas bonaerenses en trampas viales

El estado de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un problema palpable para quienes transitan a diario por ellas. Baches profundos, calzadas deformadas, señalización deficiente y obras paralizadas afectan no solo la seguridad vial, sino también la producción y los costos logísticos. Un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG) pone números concretos sobre el deterioro y lo vincula directamente con la política de déficit cero del gobierno nacional.

Inversión pública en mínimos históricos

El relevamiento, publicado en enero de 2026, indica que el 50% de las rutas nacionales bonaerenses están en mal estado. La inversión en infraestructura vial cayó un 80% entre 2023 y 2025, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad redujo sus partidas para la provincia en un 82%. Para 2026, las proyecciones oficiales anticipan un escenario aún más restrictivo. Según el IAG, la reducción no es coyuntural, sino fruto de decisiones políticas sostenidas.

El impacto en los ciudadanos y la producción

Los casos concretos reflejan la gravedad de la situación. En Ramallo, la Ruta Nacional 9 tuvo que ser reparada tras una medida cautelar impulsada por el intendente Mauro Poletti, pero los daños reaparecieron en apenas tres meses. El aumento de peajes —de 200 a 1.300 pesos en algunos tramos— contrasta con la falta de mantenimiento efectivo, generando reclamos de vecinos, transportistas y autoridades locales en distintos municipios como Roque Pérez, América y Chivilcoy.

Recursos recaudados y ejecución insuficiente

El informe también señala la brecha entre lo recaudado por el Estado y lo ejecutado en obra pública. En 2024, más de 2,5 billones de pesos provinieron del Impuesto a los Combustibles, pero solo 149 mil millones se destinaron efectivamente a Vialidad Nacional. De manera similar, el Impuesto PAIS ejecutó apenas el 2% de lo asignado a infraestructura. En paralelo, el plan de privatización de Corredores Viales S.A. deja en manos privadas rutas que continúan deteriorándose con el tránsito pesado diario.

A juicio del IAG, no intervenir hoy implicará reconstrucciones futuras hasta diez veces más costosas. La política de “obra pública cero” aplicada desde hace casi dos años ha generado una red vial descapitalizada y un escenario estructural de riesgo, que amenaza tanto la seguridad como el desarrollo económico de la provincia.

Opinión pública: expertos y vecinos coinciden en que la falta de inversión sostenida y el traslado de responsabilidades al sector privado generan un círculo de deterioro que amenaza la vida cotidiana y la competitividad de la provincia.