Escándalo en el Senado bonaerense: la Justicia dictó prisión preventiva y avanza una causa con rasgos sectarios

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La Justicia penal de La Plata dio un paso decisivo en una causa que sacude al Senado bonaerense. El juez de Garantías Juan Pablo Massi resolvió dictar la prisión preventiva para dos empleados de planta permanente de la Cámara alta provincial, acusados de protagonizar una trama de abusos reiterados contra varias mujeres y de integrar una organización con características sectarias.

Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes permanecen privados de la libertad desde fines de diciembre. La medida fue adoptada tras un pedido de la fiscal Betina Lacki, que en las últimas semanas incorporó nuevos testimonios y elementos de prueba considerados determinantes para sostener la acusación.

Según la hipótesis del Ministerio Público, los imputados habrían conformado un esquema de sometimiento psicológico y control progresivo de las víctimas, aprovechando vínculos personales y espacios laborales. La investigación sostiene que algunos de los hechos denunciados no se limitaron a encuentros privados, sino que también habrían ocurrido dentro de dependencias del propio Senado provincial, un dato que elevó la gravedad institucional del caso.

La causa tomó nuevo impulso luego de que dos mujeres declararan recientemente ante la fiscalía y relataran episodios que permitieron ampliar la imputación original. Con esos aportes, el expediente pasó a reconocer formalmente a cuatro víctimas, aunque los investigadores no descartan que puedan surgir más denuncias a medida que avance la pesquisa.

En paralelo, la Justicia analiza el contenido de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos. Ese material resulta clave para reconstruir la dinámica interna del grupo, las comunicaciones entre sus integrantes y el rol que habría ocupado cada uno dentro de la estructura investigada.

De acuerdo con fuentes judiciales, también se evalúa si existió algún tipo de cobertura, tolerancia o falta de control por parte de funcionarios de mayor jerarquía. Esa línea de investigación aún se encuentra en una etapa preliminar, pero podría abrir un nuevo capítulo en el expediente.

Una organización cerrada bajo la lupa

La reconstrucción judicial ubica el origen del grupo entre los años 2016 y 2017. En ese período, según la acusación, comenzó a consolidarse una organización interna conocida como “Orden de la Luz”, con una estructura jerárquica definida y códigos propios de comunicación.

Siempre de acuerdo a la investigación, Rodríguez era presentado como una figura de autoridad dentro del grupo, mientras que su pareja ejercía un rol de conducción espiritual. Los mensajes incorporados a la causa, con lenguaje cifrado y consignas específicas, refuerzan la hipótesis de una organización sostenida en el tiempo y con un funcionamiento planificado.

Los delitos imputados incluyen abuso sexual agravado, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y daños severos a la salud mental. Los testimonios describen prácticas de coerción y castigo que, según la fiscalía, tenían como objetivo quebrar la voluntad de las víctimas y reforzar el control del grupo.

La causa continúa en plena etapa investigativa. No se descartan nuevas imputaciones ni avances que permitan determinar si las conductas denunciadas tuvieron algún tipo de amparo institucional o si existieron fallas graves en los mecanismos de control dentro del ámbito legislativo.

Opinión pública: más allá de las responsabilidades penales individuales, este caso expone una zona opaca del Estado que exige respuestas rápidas y transparentes. Cuando hechos de esta gravedad se investigan dentro de una institución democrática, el silencio o la indiferencia no son una opción: la credibilidad del sistema depende de que la verdad salga a la luz sin atajos ni privilegios.

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