Eximen del Impuesto Inmobiliario Rural a más de 30 productores de Villarino tras la emergencia por inundaciones

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la exención del Impuesto Inmobiliario Rural para más de 30 productores agropecuarios del partido de Villarino, una de las zonas más castigadas por las inundaciones registradas durante el último año.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 98/26, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y constituye la instrumentación concreta de los beneficios previstos en el marco de la declaración de emergencia agropecuaria dispuesta oportunamente por el Ejecutivo bonaerense.

La norma alcanza específicamente a las explotaciones rurales que resultaron afectadas por el exceso de agua acumulado entre marzo y agosto del año pasado. Según los reportes meteorológicos de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, sólo en marzo se registraron más de 230 milímetros de precipitaciones en Teniente Origone, una de las localidades más comprometidas del distrito.

Alcance de la exención impositiva

La exención no abarca a la totalidad del partido de Villarino, sino a un listado determinado de productores cuyas parcelas fueron verificadas como afectadas por las inundaciones. En total, la medida comprende a más de 30 contribuyentes y cerca de 60 partidas rurales.

El beneficio implica la liberación del pago del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al período en que rigió la emergencia, comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de agosto del año pasado.

Desde el punto de vista fiscal, la decisión representa un alivio concreto para establecimientos que atravesaron serias dificultades productivas como consecuencia de las condiciones climáticas extremas. En muchos casos, el exceso hídrico impactó tanto en los rindes como en la logística de cosecha y en la sanidad de los cultivos.

Contexto productivo y señales políticas

El sur bonaerense ha sido escenario de reiterados eventos climáticos de magnitud en los últimos años, lo que reavivó el debate sobre los mecanismos de asistencia estatal ante contingencias agropecuarias. La oficialización de esta exención se inscribe en ese esquema de herramientas previstas por la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Si bien el universo alcanzado es acotado, la medida marca un precedente administrativo relevante: la articulación entre la declaración formal de la emergencia y su posterior traducción en beneficios fiscales concretos.

En términos institucionales, la resolución busca otorgar previsibilidad a los productores afectados, en un contexto en el que el clima continúa siendo una de las principales variables de riesgo para la actividad agropecuaria.

En un escenario económico exigente, donde cada punto de presión tributaria incide directamente sobre la rentabilidad del sector primario, decisiones de este tipo adquieren una dimensión estratégica. La eficacia de la política pública no sólo se mide por su anuncio, sino por su implementación efectiva, y en este caso la formalización vía decreto consolida ese paso.

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Redacción del Diario INFOPBA