Kimberly-Clark cierra planta en Pilar y deja sin empleo a 220 familias en un golpe inesperado
El cierre sorpresivo de la planta de Kimberly-Clark en Pilar impactó con fuerza en la comunidad laboral y social, al dejar a 220 trabajadores despedidos de un día para el otro. La comunicación llegó el sábado 7 de junio mediante telegramas de despido, provocando una profunda preocupación entre los empleados y sus familias.
Diego Lijo, secretario adjunto del Sindicato de Papeleros de Beccar, explicó que la empresa no adelantó ninguna señal sobre esta decisión y que el cierre incluye el traslado de maquinaria a la planta ubicada en San Luis.
“El sábado nos convocaron para anunciar el cierre y el traslado de las máquinas a San Luis”, indicó Lijo en diálogo con medios especializados, alertando además que un 75% de los despedidos tiene más de diez años de antigüedad, lo que agrava la situación.
Kimberly-Clark, dueña de marcas como Huggies, Kotex y Kleenex, justificó el cierre como parte de un plan de “optimización y crecimiento sostenible”, concentrando la producción en San Luis, donde trabajan 400 empleados y se proyecta una inversión de 15 millones de dólares en los próximos tres años.
Sin embargo, desde el sindicato rechazaron estos argumentos, denunciando la falta de diálogo y la ausencia de alternativas previas para evitar el impacto social. No es la primera vez que la multinacional aplica esta política: en 2018 ya cerró la planta de Bernal, dejando a 200 trabajadores sin empleo.
El lunes 9 de junio, los trabajadores se movilizaron frente a la planta en el Parque Industrial de Pilar, reclamando una audiencia urgente en el Ministerio de Trabajo bonaerense para garantizar indemnizaciones y acompañamiento a los despedidos.
En respaldo a esta lucha, organizaciones gremiales como ATE y CGT expresaron su solidaridad y alertaron sobre la gravedad del impacto en un contexto económico delicado. “Te dejan sin sustento de un día para el otro”, resumió uno de los operarios durante la protesta.
Esta decisión ha generado una fuerte repercusión en el sector laboral y social, poniendo en jaque la estabilidad de cientos de familias. La ausencia de diálogo previo y la rapidez con la que se implementó la medida dejan abierta una gran incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores afectados.
