Militantes de La Cámpora que atacaron Artear son empleados del gobierno bonaerense y cobran sueldos millonarios

Cuatro de los cinco militantes de La Cámpora involucrados en el ataque violento contra los edificios de TN y eltrece forman parte del personal del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Según fuentes de INFOPBA, estos empleados públicos perciben salarios que superan los dos millones de pesos mensuales en distintos cargos.

El episodio ocurrido hace tres días incluyó la irrupción violenta en el predio de Artear, con destrozos de vehículos, daños a la estructura y agresiones a la sede desde donde se transmitía en vivo. Las imágenes captaron a José Lepere, ex viceministro del Interior durante la gestión de Alberto Fernández y actual asesor de la Cámara de Diputados bonaerense, ingresando al edificio con elementos incendiarios.

Lepere, cuyo salario registrado en mayo fue de $5.089.623,45, ocupa un cargo contratado a tiempo completo e indeterminado. A él se suman otros dos militantes con contratos similares: Facundo Lococo, cercano a un concejal de Unión por la Patria, con un sueldo de $2.393.567,60, y Rubén Ezequiel Pavón, consejero superior de la Universidad de Tres de Febrero, que percibe $1.317.344,67, también con cargo en la Legislatura bonaerense.

El quinto involucrado, Matías Sebastián Federici, es Director de Estadística Penitenciaria en la subsecretaría de Política Penitenciaria del ministerio de Justicia provincial, con un salario de $2.546.476,98. Por su parte, Alberto Enrique Alejandro Grasso, único detenido hasta el momento, fue liberado y despedido del Instituto Nacional de Tecnología Industrial tras el escándalo.

En paralelo, se espera la confirmación de un sexto militante vinculado a la cúpula de La Cámpora, organización liderada por Máximo Kirchner. José Lepere, lejos de alejarse del activismo, convocó a manifestarse en defensa de Cristina Kirchner en Almirante Brown este sábado, mientras las redes oficiales de La Cámpora continúan difundiendo imágenes de grafitis con amenazas contra los medios atacados.

Las autoridades judiciales, ante la gravedad de los hechos y el material probatorio, anunciarán una denuncia de oficio por “apología e instigación a la violencia” contra los militantes. El caso continúa generando amplio impacto en la opinión pública y en los ámbitos políticos nacionales.

Redacción del Diario INFOPBA