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Gremio bonaerense exige la derogación urgente del decreto que habilita ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial

La Asociación Judicial Bonaerense alertó sobre la gravedad del nuevo estatuto de la Policía Federal, aprobado por decreto, que autoriza vigilancia y requisas sin control judicial. Denuncian un avance autoritario que atenta contra derechos constitucionales.

Provincia18 de junio de 2025Redacción infoPBARedacción infoPBA

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Gremio bonaerense exige la derogación urgente del decreto que habilita ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) manifestó un contundente rechazo al Decreto 383/25, que oficializó el nuevo estatuto de la Policía Federal, recientemente presentado por Patricia Bullrich y Javier Milei. Según el sindicato de estatales bonaerenses, esta norma habilita prácticas de vigilancia digital y requisas en espacios físicos sin necesidad de autorización judicial, lo que representa una grave violación de derechos y garantías constitucionales.

En un comunicado difundido por la Redacción de INFOPBA, la AJB enfatizó que esta disposición legaliza “prácticas de vigilancia sin control judicial”, permitiendo a las fuerzas de seguridad actuar sin límites tanto en el ámbito digital como en el físico.

“Las mismas fuerzas de seguridad que reprimen la protesta social y actúan con violencia en las calles ahora cuentan con un marco legal que extiende su intervención sin supervisión a los espacios digitales”, advirtió Hugo Russo, titular del gremio. Para la AJB, el decreto representa un claro avance autoritario que tiene como objetivo el disciplinamiento social y la criminalización de las voces críticas al modelo vigente.

En este contexto, la Asociación Judicial Bonaerense reclamó la inmediata derogación del Decreto 383/25, sumándose a organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que ya habían cuestionado públicamente las reformas implementadas en la Policía Federal.

La controversia abre un intenso debate sobre los límites del accionar policial y la protección de derechos fundamentales en una sociedad democrática. En declaraciones recientes, diversos sectores de la sociedad civil expresaron su preocupación por la creciente expansión de herramientas de control que, según advierten, pueden derivar en arbitrariedades y abusos.

Este episodio refleja, en opinión de expertos en derechos humanos, una tendencia preocupante hacia la ampliación de poderes sin mecanismos efectivos de supervisión, lo que podría profundizar la conflictividad social y generar un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad.

Redacción del Diario INFOPBA

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