Emergencia vial en Giles: el intendente Gesualdi aplicará un veto parcial y crece la tensión política

Redacción del Diario INFOPBA

El intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi, confirmó que vetará parcialmente la ordenanza que declara la emergencia vial en el camino Giles-Azcuénaga-Solís, una medida que había sido aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante hace apenas un mes.

La normativa, impulsada por los tres bloques legislativos locales y votada en conjunto, establecía una serie de acciones concretas para mejorar el estado crítico del camino rural, entre ellas: reparaciones estructurales, instalación de cartelería, controles de peso vehicular y, en caso de inacción por parte de la Provincia de Buenos Aires, la habilitación para accionar judicialmente.

La base legal de la ordenanza se apoyaba en el llamado “poder de policía” municipal, una facultad consagrada en el artículo 190 de la Constitución bonaerense y en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que permite a los gobiernos locales intervenir en cuestiones de seguridad y bienestar dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, Gesualdi decidió vetar los puntos que, según su interpretación, exceden las competencias del Ejecutivo municipal. Aunque el veto aún no fue formalmente presentado, fuentes del gobierno local sostienen que el argumento central gira en torno a que no corresponde al municipio iniciar acciones judiciales contra la Provincia.

Desde la oposición, la reacción no tardó en llegar. Una fuente consultada por INFOPBA afirmó: “El derecho siempre es opinable, pero cuando hay voluntad estas chicanas políticas son evitables. Hay muchos casos en donde los municipios accionaron contra la Provincia o incluso contra Nación, y así llegaron las soluciones”.

La situación genera incertidumbre entre los vecinos de las localidades afectadas, que utilizan diariamente el camino para transporte escolar, servicios de emergencia y circulación rural. El deterioro del tramo entre Giles y Solís viene siendo denunciado desde hace meses, sin respuestas efectivas.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante deberá decidir si insiste con el texto original de la ordenanza o si acepta la modificación propuesta por el Ejecutivo. La pulseada entre el Legislativo y el Ejecutivo local se da en medio de un año políticamente sensible y con creciente malestar ciudadano por la falta de obras en zonas rurales.

Este nuevo conflicto institucional vuelve a poner en debate los límites del poder de policía municipal, una herramienta legal que, según especialistas, tiene margen para ser utilizada con mayor determinación cuando se trata de preservar la seguridad y la infraestructura comunal.

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