Condena millonaria a Chascomús por mala praxis en el hospital municipal: la Justicia ordenó pagar $60 millones

Una sentencia judicial de alto impacto sacude a la ciudad de Chascomús: la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata condenó a la Municipalidad y a su aseguradora a pagar más de $60 millones por un caso de mala praxis ocurrido en el Hospital Municipal “San Vicente de Paul”. La víctima fue una mujer de 41 años que falleció tras recibir una atención médica calificada como deficiente.

El hecho tuvo lugar en 2015, pero la resolución fue notificada recién el pasado viernes 11 de julio. La Justicia determinó que hubo “graves fallas” en el accionar médico y responsabilizó tanto al profesional interviniente como al Estado local y a la empresa Federación Patronal Seguros S.A.

Según se desprende del informe pericial incorporado al expediente, la paciente fue derivada prematuramente a su domicilio, su historia clínica presentaba inconsistencias y el diagnóstico resultó insuficiente para el cuadro que presentaba. La Justicia entendió que la atención brindada fue “determinante” en el desenlace fatal.

El fallo obliga al Municipio de Chascomús a pagar una indemnización superior a los $60 millones en concepto de “valor vida”, además de otros conceptos vinculados al daño moral y material sufrido por la familia.

Desde la administración actual remarcaron que este tipo de fallos afectan de manera directa el patrimonio público, comprometiendo el normal funcionamiento de los servicios municipales. La sentencia impacta sobre la gestión vigente, a pesar de que el episodio se remonta a una administración anterior conducida por el radicalismo.

El caso pone en debate no solo la calidad del sistema de salud pública local, sino también los mecanismos de control y prevención de errores médicos en establecimientos dependientes del Estado.

Esta información fue elaborada por la Redacción del Diario INFOPBA. Para más detalles, visitá www.infopba.com.

Opinión pública: La sentencia no solo sienta un precedente judicial, sino que también genera un debate profundo en la comunidad sobre las responsabilidades del Estado ante hechos de esta gravedad. ¿Quién paga el error? En última instancia, lo afronta el conjunto de los vecinos, a través de fondos públicos. Esta situación obliga a los gobiernos municipales a replantear de forma urgente sus protocolos médicos, garantizar auditorías periódicas y asumir un compromiso concreto con la salud como derecho fundamental.