Navarro: denuncian que un condenado por triple homicidio vial fue nombrado en el área de Seguridad Vial

Redacción del Diario INFOPBA – www.infopba.com

A casi once años del siniestro vial que le costó la vida a su hijo Ramiro, Gabriela Pizzolato enfrenta un nuevo golpe. Denunció públicamente que Javier Odera, el hombre condenado por el triple homicidio ocurrido en la ruta 41 en 2014, fue contratado por la Municipalidad de Navarro en el área de Seguridad Vial, específicamente en funciones de licencias de conducir, monitoreo y tránsito.

“Volvieron a matar a mi hijo”, declaró Gabriela en diálogo con LANOTICIA1.COM, al confirmar que Odera —quien tiene una inhabilitación vigente para manejar hasta abril de 2030— ocupa desde julio un cargo en el municipio. La información llegó a sus manos por vecinos y fuentes internas del propio espacio donde Odera fue incorporado.

El hecho que originó el dolor de Gabriela ocurrió el 22 de noviembre de 2014 entre Mercedes y Navarro. Su hijo Ramiro, de 20 años, viajaba como acompañante en una camioneta junto a tres jóvenes más. El vehículo impactó de frente contra un camión. Murieron tres ocupantes: dos de 20 años y uno de 19. El único sobreviviente fue el conductor, Javier Odera, entonces su empleador, quien llevaba a los chicos de regreso tras una jornada de trabajo informal en un campo.

En 2022, tras ocho años de lucha judicial, Odera fue condenado a tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir. Sin embargo, Gabriela afirma que Odera nunca dejó de manejar. “Lo vi el mes pasado conduciendo. Me descompuse en mi casa. Hice la denuncia correspondiente en el Juzgado de Ejecución Nº1”, aseguró.

La jueza Gisela Selva, del Tribunal Correccional Nº1 de Mercedes, fue quien dictó la condena. Actualmente, la responsabilidad de controlar el cumplimiento recae en la jueza Marcela Otermin. Pese a ello, Gabriela advierte que la pena no se está respetando y que el municipio permitió que una persona judicialmente inhabilitada ocupe un rol central en la estructura vial del distrito.

“Me parece nefasto que esto esté pasando. Todo el pueblo lo sabe. Navarro es chico. Lo veo manejando con mis propios ojos”, relató con indignación. Acompañando su reclamo, difundió una carta abierta firmada como parte de Madres del Dolor, en la que denuncia: “Odera no solo viola la ley, también causa profunda tristeza e indignación. Ahora será quien controle el tránsito y otorgue licencias. Parece que vivimos en el mundo del revés”.

Gabriela también exige respuestas al intendente Facundo Diz, al presidente del Concejo Deliberante Leandro Rey y a la propia jueza de Ejecución. “Actúen a derecho, con transparencia. La comunidad no merece estos atropellos”, manifestó.

El portal Infobae accedió a documentación que confirma que la designación de Odera fue realizada en julio de este año, aún vigente la inhabilitación judicial. La situación genera desconcierto y malestar en una comunidad que no encuentra respuestas claras desde las autoridades.

“Esto es un retroceso. Es volver a sentir el mismo dolor, como si todo lo que hice en estos años no hubiera servido. Solo quiero justicia para Ramiro”, concluyó Gabriela.

Desde INFOPBA continuaremos acompañando el seguimiento del caso, en busca de respuestas y de verdad para quienes hoy reclaman justicia con dolor, pero con dignidad.

INFOPBA

Opinión pública razonada: La incorporación de una persona condenada por homicidio vial a un puesto de control y gestión del tránsito, mientras rige una inhabilitación para conducir, expone no solo una grieta institucional, sino también una desconexión ética y simbólica entre el Estado y las víctimas. La designación de Odera no es simplemente una mala decisión administrativa: es una afrenta a la memoria y a la justicia. Actuar con legalidad no es suficiente; también hay que gobernar con sensibilidad.

Redacción del Diario INFOPBA