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Chats de empleados del laboratorio del fentanilo contaminado revelan desidia, falsificación de registros y riesgos extremos

#Ramallo |La Justicia incorporó a la causa mensajes internos de WhatsApp que exponen graves irregularidades en el Laboratorio Ramallo. La fiscal Laura Roteta imputó a Ariel García Furfaro por delitos que podrían derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

Provincia23 de agosto de 2025Redacción infoPBARedacción infoPBA
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Redacción de Diario INFOPBA – Los chats internos de autoridades y empleados del Laboratorio Ramallo, responsable de la producción del fentanilo contaminado, revelan un escenario alarmante de irregularidades, negligencia y falsificación de registros. Estos mensajes de WhatsApp fueron incorporados al expediente judicial y citados por la fiscal Laura Roteta en el dictamen en el que imputó al empresario Ariel García Furfaro y a sus presuntos cómplices por un delito con penas de hasta 25 años de cárcel.

En uno de los mensajes que ya están en poder de la Justicia, un empleado advertía en mayo de 2024: “La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar”. Siete meses después de ese intercambio, dos lotes de fentanilo adulterado salieron al mercado con consecuencias que todavía investiga la Justicia.

Los investigadores sostienen que el Laboratorio Ramallo, que producía medicamentos para HLB Pharma, también formaba parte del entramado empresarial de García Furfaro. Los chats revelan fallas estructurales en los procesos, ausencia de controles de calidad y una práctica sistemática de falsificación en la documentación exigida por la Anmat.

Un ejemplo contundente surge de un intercambio fechado en mayo de 2025, cuando la producción de fentanilo ya había sido prohibida: “El fentanilo dio mal, hay que repetirlo mañana. Quedan dos ampollas en la heladera. Necesito que dos analistas distintas hagan el ensayo. Usen el último registro que ingresó”. Según los investigadores, esa conversación se referiría a pruebas con “muestras museo”, lo que revela que la manipulación continuaba pese a la prohibición oficial.

En otros grupos de WhatsApp, supervisores instruían a los trabajadores a “no repetir horas ni nombres” en los registros y, directamente, a inventar datos. Uno de los mensajes más reveladores señalaba: “Todos sabíamos que esa producción se hizo en el aire con respecto a la documentación”. Otro advertía: “Por favor no dibujemos más y cada vez que hagamos algo aseguremos tener la información mínima necesaria”.

Las irregularidades no se limitaban a los registros. Un empleado denunció que se ocultaban reactivos vencidos y que se habían dejado materiales químicos expuestos al sol y la lluvia: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”. Estos hechos, incorporados en la causa, ponen en evidencia el descontrol dentro de la planta.

Incluso, los propios directores del laboratorio estaban al tanto de las deficiencias. En un mensaje, un trabajador relató que Damián García Furfaro, miembro del directorio de HLB, había reclamado por la suciedad de la planta, techos dañados y la presencia de “más de 20 palomas” dentro de los depósitos.

La gravedad de estos chats llevó a la fiscal Roteta a endurecer su dictamen. Para la Justicia, no se trata de casos aislados sino de un patrón de desidia que, según la investigación, podría comprometer penalmente a toda la cúpula de HLB Pharma.

En este marco, INFOPBA pudo reconstruir que los mensajes, sumados a las inspecciones previas de la Anmat en noviembre y diciembre de 2024, serán piezas centrales en el futuro juicio oral. El caso del fentanilo contaminado ya se perfila como uno de los expedientes sanitarios y judiciales más graves de la última década en Argentina.

Una reflexión inevitable

Más allá de la causa penal, lo que reflejan estos chats es el peligro que implica el descontrol en la producción de medicamentos de alta potencia como el fentanilo. La falsificación de registros, la falta de controles y el desinterés por los protocolos no solo constituyen delitos: representan un riesgo directo para la vida de miles de pacientes. El caso abre un debate urgente sobre los mecanismos de fiscalización estatal y el rol de la industria farmacéutica en garantizar seguridad y transparencia.

Redacción de Diario INFOPBA

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