El veto a las jubilaciones golpea con más fuerza en Buenos Aires: el recorte supera los $2 billones en un año

Con 2,36 millones de beneficiarios, la provincia concentra más de un tercio del ajuste previsional dispuesto por el Gobierno nacional. El impacto mensual ronda los $181 mil millones y amenaza con profundizar la crisis del consumo y las economías locales.

El veto presidencial a la ley que contemplaba un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la actualización del bono a 110 mil pesos dejó en evidencia un dato contundente: el recorte más fuerte se concentra en la Provincia de Buenos Aires.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a nivel nacional la decisión implica una pérdida de 468 mil millones de pesos por mes para el conjunto de los jubilados, lo que asciende a 5,6 billones en los próximos doce meses. Sin embargo, la radiografía por jurisdicciones muestra que casi la mitad de ese ajuste recaerá sobre los beneficiarios bonaerenses.

En la provincia residen 2,36 millones de jubilados y jubiladas, casi cuatro de cada diez del país. La pérdida acumulada por el veto asciende a 2,17 billones de pesos en un año, con un impacto mensual superior a los 181 mil millones. La magnitud del recorte coloca a Buenos Aires en un lugar central: lo que dejan de percibir sus jubilados equivale a cinco veces lo que perderán los santafesinos y cuatro veces lo que dejarán de cobrar los cordobeses.

Más allá de la estadística, se trata de un golpe directo al bolsillo de los adultos mayores en el distrito más poblado del país. El veto no solo interrumpió la recomposición pendiente por la inflación de enero de 2024, sino que también frenó la posibilidad de que el bono se actualizara para no licuarse en pocos meses. Esto implica que cientos de miles de jubilados seguirán con ingresos muy por debajo de la canasta básica de la tercera edad, que ya supera los 600 mil pesos mensuales.

Impacto en la economía bonaerense

El ajuste no se mide solo en términos individuales. Buenos Aires concentra la mayor red de comercios de cercanía, farmacias y pequeños proveedores, muchos de los cuales dependen directamente del consumo de jubilados. La pérdida de 181 mil millones de pesos por mes en capacidad de compra significa un achique drástico para esas economías locales, especialmente en distritos del interior donde la población envejecida tiene un peso mayor en la estructura social.

El retiro de recursos acentúa desigualdades históricas: mientras en el Área Metropolitana los adultos mayores cuentan con más acceso a redes de salud, en muchos municipios del interior la jubilación mínima es el único ingreso estable de los hogares. En este sentido, el recorte no solo impacta en quienes cobran, sino también en sus familias y comunidades.

Un golpe desproporcionado

Córdoba, con poco más de medio millón de jubilados, perderá 482 mil millones en un año; Santa Fe, con 487 mil beneficiarios, dejará de percibir 448 mil millones. Buenos Aires, en cambio, absorbe sola más de un tercio de la pérdida total nacional. Esa concentración no es menor en términos políticos: cualquier movimiento sobre el sistema previsional repercute de manera desproporcionada en el distrito que define buena parte del mapa electoral argentino.

El CEPA advierte que el veto implica una transferencia regresiva de ingresos: se le quita poder de compra a uno de los sectores más vulnerables, con un efecto contractivo sobre el mercado interno. Sumado al congelamiento del bono, la inflación proyectada amenaza con deteriorar aún más los ingresos de los adultos mayores.

La provincia de Buenos Aires se convierte así en el epicentro del ajuste previsional. El gobierno nacional puede presentar la decisión como una forma de “orden fiscal”, pero los números reflejan una poda que afecta a millones de jubilados bonaerenses y compromete además la vitalidad de la economía provincial. La pérdida de 2,17 billones en un año no es solo un dato contable: es menos consumo, menos actividad y más dificultades para la vida cotidiana en el territorio donde más argentinos dependen de una jubilación.

Redacción de Diario INFOPBA - Más información en www.infopba.com

Opinión pública

La percepción social frente al veto es que se trató de una medida que sacrificó a un sector históricamente vulnerable en nombre del equilibrio fiscal. En la provincia de Buenos Aires, donde la jubilación suele ser el sostén económico de miles de familias, el recorte no solo se lee en números: se traduce en medicamentos que no se compran, en alimentos que se reducen y en un sentimiento de desprotección creciente. Esa sensación de abandono podría tener, además, un costo político difícil de revertir en el futuro.