Denuncian penalmente a Daniel Stadnik por inacción ante inundaciones en Carlos Casares

Redacción de Diario INFOPBA

Productores rurales de Carlos Casares presentaron una denuncia penal contra el intendente del partido, Daniel Stadnik, a quien responsabilizan por la inacción frente a las inundaciones que afectan a la región desde febrero. La presentación también alcanza a funcionarios de la Dirección de Hidráulica y de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires.

El escrito judicial, que incluye cargos por estrago doloso por inundación, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión impropia con deber de garante, contempla penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los denunciantes sostienen que Stadnik y los funcionarios provinciales “conocían el riesgo, tenían la obligación legal y técnica de actuar, y sin embargo eligieron no hacerlo”.

La denuncia destaca que Stadnik, además de ser intendente, es ingeniero hidráulico y preside el Comité de Cuenca Subregión A3. Pese a esta doble responsabilidad, nunca convocó al organismo en plena crisis hídrica. Incluso el propio Stadnik reconoció públicamente que debía hacerlo, pero admitió haberlo pospuesto por motivos de campaña electoral, lo que para los productores constituye una confesión de dolo.

El planteo judicial también pone el foco en el colapso del Plan Maestro del Río Salado, iniciado en 1999 con un plazo de ejecución de 15 años y que a 2025 aún se encuentra a mitad de camino. Las obras inconclusas dejaron a la cuenca vulnerable, provocando inundaciones en 2017, 2022, 2024 y 2025.

El impacto económico de la crisis es profundo. Según la CARBAP, la Cuenca del Salado concentra el 75% del stock vacuno bonaerense y el 28% del país, además de aportar entre el 20% y 25% de la producción agrícola nacional, y el 40% de la cebada y el girasol, así como el 20% de la producción lechera. “Estamos hablando de un daño económico nacional por responsabilidad de un puñado de funcionarios”, señalaron los denunciantes.

La denuncia se fundamenta en una extensa documentación: certificados de emergencia agropecuaria, resoluciones oficiales, actas del Comité de Cuenca, informes técnicos de CARBAP, registros de eventos hídricos y capturas de la web de la ADA. También se presentaron testigos y se solicitó resguardar digitalmente el contenido oficial.

“Llevamos 25 años esperando que el Estado cumpla con su obligación y mientras tanto nos inundamos una y otra vez. No es una catástrofe natural, es un estrago político”, declararon los productores al presentar la denuncia. Y añadieron: “Queremos que se investigue y que los responsables paguen por la devastación que nos condena a la miseria”.

Redacción de Diario INFOPBA

Expertos en gestión hídrica coinciden en que la denuncia podría marcar un precedente para la rendición de cuentas de funcionarios frente a emergencias climáticas, y subrayan que la falta de acción ante riesgos conocidos no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales de largo alcance.