Cierre silencioso en Buenos Aires: ocho empresas bajan la persiana por día desde la asunción de Milei

La crisis del entramado productivo bonaerense ya no se expresa solo en advertencias o proyecciones: los números oficiales confirman un proceso sostenido de cierre de empresas que atraviesa a la provincia de Buenos Aires desde el cambio de gobierno nacional.

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, un total de 5.335 empresas bonaerenses dejaron de operar, de acuerdo a un informe presentado por el ministro de Economía provincial, Pablo López. El dato equivale a un promedio de ocho firmas cerradas por día durante los últimos 22 meses y marca siete meses consecutivos de caída en el número de empresas activas.

El relevamiento pone el foco en el impacto del actual modelo económico-financiero sobre la industria y el comercio, sectores clave para la estructura productiva de la provincia. Buenos Aires concentra cerca del 50% del valor industrial del país, una característica que amplifica el efecto de cada ajuste macroeconómico.

“Aunque el impacto fue generalizado —con la excepción de Neuquén—, la provincia de Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva. Tres de cada diez empresas que cerraron en el país estaban radicadas en territorio bonaerense”, explicó López al presentar el informe.

Desde el gobierno provincial señalan que las causas están directamente vinculadas a decisiones adoptadas a nivel nacional. “La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria y al comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial”, sostuvo el ministro. “No hay misterio”, sintetizó al referirse al origen de la crisis.

El diagnóstico bonaerense contrasta con la postura del Gobierno nacional. Días atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó públicamente contra los municipios y atribuyó parte de las dificultades de las pymes a lo que definió como “voracidad fiscal” por el cobro de tasas municipales.

En un mensaje difundido en redes sociales, Adorni relató una supuesta conversación con un empresario pyme que, según su versión, habría estado al borde del cierre por el aumento de una tasa municipal durante 2025. El funcionario afirmó que el municipio involucrado —al que no identificó— le habría ofrecido una exención impositiva a cambio de firmar una nota responsabilizando al presidente Javier Milei por su situación económica.

El planteo se inscribe en la ofensiva del Gobierno nacional contra distintos tributos locales, en particular la tasa vial sobre los combustibles y los cargos municipales incluidos en boletas de servicios públicos como luz y gas. Desde las provincias y los municipios, en cambio, advierten que el problema central no es tributario sino productivo, y que la caída del consumo y de la actividad explica el deterioro del sector.

La discusión excede el cruce político. Detrás de cada persiana que baja hay empleo, inversión y tejido social que se debilita. El informe bonaerense vuelve a poner en primer plano una pregunta clave para la economía real: cuánto tiempo puede sostenerse un esquema que reduce costos macroeconómicos pero erosiona de manera persistente la base productiva.

Opinión pública: más allá de la disputa discursiva entre Nación, Provincia y municipios, los datos duros muestran un fenómeno que no admite simplificaciones. Cuando el cierre de empresas se vuelve sistemático y sostenido, el debate ya no es ideológico: es estructural. Ignorar esa señal puede tener consecuencias que trasciendan cualquier ciclo político.