Pettovello niega deuda millonaria con Provincia y crece la tensión por el programa MESA

En un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas, la Provincia de Buenos Aires volvió a chocar con la Nación por el financiamiento de políticas alimentarias clave. Mientras crece la demanda social, el cruce entre ambas administraciones suma tensión política y deja en incertidumbre programas esenciales.

Reclamo por deuda del SAE y respuesta de Nación

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, formalizó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano por una deuda que, según la Provincia, supera los $220.000 millones desde 2024 en concepto del Servicio Alimentario Escolar (SAE). En el mismo documento, también solicitó asistencia financiera para el programa MESA, que actualmente se sostiene con fondos provinciales.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello rechazaron de plano la acusación. “El Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la provincia de Buenos Aires”, señalaron en un comunicado oficial. Además, atribuyeron la situación a decisiones propias de la administración bonaerense y negaron responsabilidades en el desfinanciamiento de programas.

El financiamiento del programa MESA, sin respuesta

Aunque Nación negó la deuda, reconoció su participación limitada en el financiamiento del SAE, con un aporte cercano al 20%, mientras que el resto corresponde a la Provincia. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el sostenimiento del programa MESA, uno de los puntos centrales del reclamo bonaerense.

El conflicto se da en paralelo a otros litigios entre ambas administraciones, incluyendo demandas ante la Corte Suprema por fondos previsionales que la ANSES adeuda al Instituto de Previsión Social (IPS), en un escenario de creciente disputa por recursos.

Interna política y presión por la emergencia alimentaria

El escenario se complejiza con tensiones dentro del propio oficialismo provincial. El senador bonaerense Mario Ishii impulsó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria, que propone aumentar progresivamente las partidas destinadas a estos programas y crear una comisión bicameral de control.

La iniciativa también busca establecer mecanismos de seguimiento sobre la ejecución presupuestaria, el alcance de los programas y los indicadores nutricionales. De avanzar, obligaría al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a rendir informes trimestrales, en medio de una discusión política que ya excede el plano administrativo.

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La disputa por los fondos alimentarios expone no solo la tensión entre Nación y Provincia, sino también las diferencias internas dentro del peronismo, en un contexto donde la demanda social sigue en aumento y los recursos aparecen cada vez más limitados.

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