Funcionaria bonaerense denuncia maltratos y montaje tras su detención en Ezeiza por el caso Espert

Redacción del Diario INFOPBA

Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense y protagonista de la polémica detención vinculada al ataque a la vivienda del diputado libertario José Luis Espert, rompió el silencio tras su liberación por orden de la Cámara Federal de San Martín. En diálogo con radio PERFIL, describió con dureza el operativo y los tratos que recibió durante su alojamiento en el penal de Ezeiza.

"Fue un calvario, estaba todo guionado", denunció Abaigar, quien relató que su detención fue parte de un "show mediático" montado para enviar un mensaje político. Detalló que durante el procedimiento policial en su domicilio le taparon la cabeza con una campera y la obligaron a caminar esposada en varias oportunidades para grabar imágenes con la cara descubierta, a pedido del juzgado.

“Entraron a mi casa, revisaron todo, encontraron un póster de Evita y el libro Sinceramente de Cristina. Imaginate mi desesperación, más sabiendo que mi mamá, que cumple 70 años, estaba ahí”, recordó la funcionaria, quien además denunció que su madre fue esposada, lo que calificó como “una locura”.

Abaigar sostuvo que este procedimiento tuvo un claro tinte aleccionador y que ella fue tratada con saña por ser mujer y por cuestionar al sistema político vigente. Actualmente continúa con una tobillera electrónica y afirmó que la organización y el acompañamiento social fueron claves para no permanecer detenida.

Finalmente, reafirmó su compromiso para luchar por la liberación de otra militante peronista que permanece detenida en el penal de Ezeiza, e invitó a seguir organizados y alertas para enfrentar lo que definió como una persecución política.

"No nos vamos a callar", concluyó con firmeza.

Redacción del Diario INFOPBA

La declaración de Abaigar genera un fuerte impacto en el debate político actual, al evidenciar presuntas prácticas represivas que involucran a sectores críticos del sistema. Su relato pone en cuestión el uso político de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, abriendo un debate sobre los límites de la persecución en un estado democrático.