La difícil situación de las personas con discapacidad y sus familias en San Andrés de Giles alcanzó un punto crítico tras el reciente veto del Gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en junio por el Senado provincial. La normativa, que pretendía ordenar el pago a prestadores, actualizar los aranceles y modificar pensiones no contributivas, fue cuestionada por el Ejecutivo por su elevado costo fiscal y considerada “regresiva y asistencialista”.
En diálogo con la Redacción de Diario INFOPBA, Jesica Bergara, madre de Tania, una niña con discapacidad motriz, expresó la gravedad de la situación: “Necesitamos que esto se resuelva ya, la espera y la incertidumbre desgastan a todos”.
Jesica detalló que la falta de actualización en los pagos a profesionales y la burocracia paralizan tratamientos y cirugías esenciales. “Los prestadores no viven solo de la vocación, el retraso en los pagos afecta directamente a las familias y a quienes brindan las terapias. Esto no puede seguir así”, subrayó.
La pequeña Tania requiere una cirugía multinivel que se encuentra postergada desde hace más de un año, situación que se agrava ante la ausencia de respuestas estatales. “Por ahora, gracias a las terapias de kinesiología y el acompañamiento en casa, su estado es estable, pero la espera para la operación es angustiante”, relató Jesica.
Además, advirtió que las terapias de kinesiología, psicopedagogía, terapia ocupacional y psicología, fundamentales para el desarrollo de su hija, corren riesgo de discontinuarse por la falta de recursos y pagos a los profesionales. “Hay mamás que ya deben costearlas de forma particular y otras que se vieron obligadas a suspenderlas. Es una situación insostenible”, enfatizó.
Esta realidad expuesta en San Andrés de Giles refleja un problema estructural que amenaza el acceso a derechos básicos de un sector vulnerable. La Redacción de Diario INFOPBA seguirá de cerca la evolución de este conflicto y la respuesta oficial ante la presión social.
Opinión pública: La decisión del Ejecutivo ha generado un profundo malestar en la comunidad, que reclama respuestas inmediatas para garantizar el derecho a la salud y la inclusión de las personas con discapacidad. Expertos coinciden en que postergar estas medidas puede agravar la exclusión social y aumentar los costos a mediano plazo.
