Escándalo en Avellaneda: Bullrich le quita viviendas PROCREAR a 160 familias para dárselas a fuerzas federales

Avellaneda, Buenos Aires – La tensión política y social escala en Avellaneda tras la denuncia del dirigente del Frente Renovador local, Armando Bertolotto, quien reveló que un edificio del plan PROCREAR que había sido adjudicado a 160 familias será finalmente entregado a las fuerzas federales por orden del Gobierno Nacional.

El complejo habitacional, ubicado en una zona estratégica de la ciudad, fue construido con fondos estatales y forma parte del programa de acceso a la vivienda financiado por el Banco Hipotecario Nacional. Según la denuncia, el acto de entrega oficial se realizará este martes, encabezado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Este edificio fue legítimamente adjudicado a 160 familias de Avellaneda que cumplieron con todos los requisitos crediticios para acceder a una hipoteca a treinta años”, señaló Bertolotto en declaraciones.El dirigente también subrayó que muchas de esas familias ya estaban en pleno proceso de mudanza, incluso comprando muebles con la ilusión de comenzar una nueva vida.

“Es muy difícil para una familia sostener un alquiler y al mismo tiempo pagar un préstamo hipotecario. Por eso el programa estaba diseñado para que la primera cuota se pague al tomar posesión del departamento”, explicó.

La noticia provocó consternación entre los adjudicatarios, quienes expresaron su “profunda decepción y tristeza”. “Como dirigente, van a contar con todo nuestro apoyo en la defensa de sus derechos adquiridos. Espero que al gobierno no se le ocurra reprimirlos también a ellos”, lanzó Bertolotto, en una clara advertencia a las autoridades nacionales.

Desde INFOPBA pudimos confirmar que los vecinos afectados planean movilizarse durante el acto oficial previsto para este martes, en señal de protesta y con el respaldo de agrupaciones políticas y sociales del conurbano bonaerense.

La situación pone en jaque no solo la credibilidad del programa PROCREAR, sino también la política habitacional de la gestión nacional, que hasta ahora no ha dado explicaciones públicas sobre el motivo de la reasignación del edificio.

Redacción del Diario INFOPBA | www.infopba.com

Opinión pública: la reasignación de viviendas financiadas por el Estado a fines que no respetan los derechos previamente otorgados pone en debate el respeto por la planificación social y contractual del Estado. La inseguridad jurídica no solo afecta a las empresas: también golpea con dureza a las familias trabajadoras que solo buscan un techo digno.