Lincoln enfrenta la crisis por el cierre de la planta láctea: empresa ausente y trabajadores en incertidumbre

La planta láctea ubicada en Arenaza, partido de Lincoln, atraviesa una situación crítica tras el cese total de sus operaciones. Más de 170 trabajadores y sus familias viven una profunda incertidumbre, mientras la empresa no da respuestas y mantiene la planta paralizada.

Luciano Asad, delegado gremial de ATILRA, denunció un vaciamiento absoluto: “No hay insumos, los servicios eléctricos están cortados y la planta está completamente detenida”.

En este contexto, se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con la presencia de representantes del gremio, trabajadores y el intendente local, Salvador Serenal. Sin embargo, ningún representante de la empresa Arsa —administradora y dueña del inmueble— se presentó para dar explicaciones.

El intendente Serenal expresó su malestar ante la ausencia de la compañía: “Es vergonzosa la actitud de las empresas. Tienen que al menos dar la cara, porque han devastado esta empresa y dejado sin trabajo a más de 200 familias, lo que resulta profundamente preocupante”.

Durante la audiencia, se acordó solicitar la intervención del síndico asignado a la causa judicial que atraviesa la empresa, actualmente en concurso de acreedores. El objetivo es evitar la quiebra y esclarecer el estado real de la compañía para buscar alternativas viables.

“Desde el Ministerio se convocará a la síndica para que explique la situación y podamos analizar el panorama con transparencia”, agregó Serenal.

Mientras tanto, los trabajadores y sus familias permanecen expectantes, con la urgencia de obtener definiciones que garanticen sus derechos y el futuro laboral en la región.

Redacción del Diario INFOPBA

Opinión pública

La ausencia de la empresa en una audiencia convocada oficialmente refleja un profundo desprecio hacia los trabajadores y la comunidad local. Esta actitud no solo agudiza la crisis social en Lincoln, sino que también desafía la responsabilidad empresarial en un contexto donde el impacto social debería estar por encima de cualquier interés económico. La intervención del síndico y el seguimiento del Ministerio de Trabajo resultan fundamentales para garantizar transparencia y evitar un daño irreparable en el sector productivo local.