Avanza la privatización de AySA: el agua y saneamiento del conurbano bonaerense bajo amenaza

El Gobierno Nacional dio un paso decisivo para la futura privatización de AySA, la empresa estatal que provee agua potable y servicios de saneamiento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, donde habitan más de 15 millones de personas.

La Secretaría de Obras Públicas oficializó a través de la Resolución 221/25, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la aprobación del Plan de Acción de Transición 2024-2026 para AySA. Este documento sustituye al plan quinquenal 2024-2028 vigente desde octubre de 2023 y tiene como objetivo principal preparar a la empresa para su eventual venta o concesión.

Según consta en el texto oficial, el proceso de transición buscará establecer "condiciones operativas adecuadas" que faciliten la planificación a mediano y largo plazo para garantizar la sustentabilidad del servicio, en un contexto donde la privatización aparece como la meta final.

Esta decisión se enmarca en la Ley de Bases aprobada por el Congreso que habilita la privatización de AySA, una compañía estratégica que, según su reporte de sustentabilidad 2023, abastece de agua potable a 11,3 millones de habitantes y de cloacas a 9,4 millones.

Durante los primeros meses de la gestión actual, iniciada en diciembre de 2023, AySA inició un proceso de reorganización que incluyó la reducción de personal —con más de 200 despidos confirmados— y la suspensión o rescisión de la mayoría de las obras en curso, reducidas a solo 36 de las 299 inicialmente previstas. Estas decisiones se acompañaron de un aumento tarifario que, según el Observatorio de Tarifas y Servicios del IIEP (UBA-CONICET), alcanzó un 343%.

Este plan y sus consecuencias abren un interrogante crítico sobre el futuro del servicio esencial que brinda AySA, ya que la empresa pública clave para millones de bonaerenses comienza a transitar el camino hacia la privatización, con un impacto directo sobre la calidad, el acceso y el costo para los usuarios.

Desde la Redacción del Diario INFOPBA, seguimos de cerca esta evolución, alertando sobre las consecuencias que este cambio puede implicar para los derechos básicos de millones de argentinos.

Opinión pública

La reacción social ante esta avanzada no se hizo esperar. Organizaciones de consumidores y especialistas en servicios públicos han manifestado preocupación por el aumento de tarifas y la reducción de inversiones en infraestructura. El consenso entre expertos apunta a que la privatización puede profundizar las desigualdades en el acceso al agua y saneamiento, un servicio vital para la salud pública y la calidad de vida. En un contexto donde la crisis hídrica ya afecta a varias regiones, la decisión de privatizar AySA puede tener repercusiones que trascienden lo económico y se instalan en el terreno social y ambiental.

La vigilancia ciudadana y el debate público resultan esenciales para evitar que este proceso afecte a quienes más dependen del servicio.

Redacción del Diario INFOPBA