Más de 8 millones de argentinos en la informalidad laboral: ¿qué ocurre en la Provincia de Buenos Aires?

La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo argentino. Según el newsletter Argendata, elaborado por la organización Fundar, aproximadamente 8,8 millones de personas están empleadas en negro, lo que equivale al 42% del total de ocupados en el país. Este porcentaje incluye al 36% de asalariados y al 57% de trabajadores independientes que carecen de aportes jubilatorios y acceso a la seguridad social.

Esta realidad se traduce en condiciones laborales precarias, ingresos insuficientes y la exclusión de derechos fundamentales como jubilación, cobertura médica o licencias remuneradas. Más del 60% de quienes trabajan en la informalidad son asalariados cuyos empleadores no realizan los aportes correspondientes, evidenciando que la problemática supera el ámbito del trabajo por cuenta propia y afecta a sectores más consolidados.

La distribución de la informalidad varía según el sector: en el ámbito público no supera el 10%, mientras que en el privado supera el 50%. Áreas como la agricultura, gastronomía, servicio doméstico y construcción presentan índices alarmantes que superan el 60% de informalidad.

Históricamente, la informalidad ha fluctuado considerablemente. En 1986, la tasa entre asalariados era del 26,9%, alcanzó un pico del 49,4% en 2003 y para 2024 descendió a un 36%, señalando una mejora relativa aunque insuficiente. Estas variaciones responden a ciclos económicos, políticas laborales y la eficacia de la fiscalización por parte de organismos como el Ministerio de Trabajo y la AFIP.

Respecto a la Provincia de Buenos Aires, aunque no se ofrece una cifra oficial directa, el análisis indica que la informalidad se encuentra en un rango intermedio, estimado entre el 30% y 50%. Esto se explica por su estructura productiva mixta, que combina industria, servicios y agricultura.

En comparación con otros países de América Latina, Argentina registra una tasa de informalidad menor al promedio regional (36,2% frente a 42,6%), pero aún está lejos de naciones con índices más bajos como Uruguay (9,6%) y Chile (14,8%). Según el informe de Fundar, la tasa ideal debería rondar el 25%, acorde al nivel de desarrollo del país.

Entre los factores que explican esta brecha se encuentran la elevada presión tributaria sobre el trabajo formal, las regulaciones laborales vigentes y los costos asociados a la registración de empleados. Aunque la formalización garantiza derechos esenciales, también plantea desafíos para la competitividad empresarial en un contexto económico complejo.

Esta problemática, que afecta tanto a trabajadores como a empleadores, demanda políticas públicas integrales que equilibren la protección social con incentivos para la formalización, buscando cerrar la brecha que aún mantiene a millones fuera del sistema.

Redacción del Diario INFOPBA

Opinión pública: Este análisis genera preocupación en distintos sectores sociales y económicos. La persistencia de niveles elevados de informalidad indica la necesidad de reformas estructurales profundas que promuevan la formalización sin perjudicar la generación de empleo, un equilibrio difícil pero indispensable para el desarrollo sostenible del país.