Gobierno ajusta normas para darle respaldo legal al Plan de Reparación Histórica y flexibiliza controles sobre ahorros
La Redacción de Diario INFOPBA informa que, frente a la escasa repercusión práctica del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros Argentinos, el Gobierno nacional impulsa ahora cambios normativos fundamentales para darle sustento y operatividad.
A poco más de dos semanas de su lanzamiento, la Unidad de Información Financiera (UIF) elevó los umbrales que disparan las investigaciones de oficio sobre movimientos bancarios y patrimoniales. Esta medida, alineada con disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), representa una flexibilización en los controles financieros.
Entre las críticas al plan se destacó la falta de seguridad jurídica, posición compartida por la provincia de Buenos Aires y su Agencia de Recaudación (ARBA), que reclama la sanción de una ley que respalde las reformas. Sin embargo, la relación tensa entre el Poder Legislativo y la administración de Javier Milei dificulta la aprobación formal, lo que lleva al Ejecutivo a avanzar mediante instrumentos administrativos.
Cambios clave en la normativa de la UIF
- Depósitos bancarios en efectivo: El límite para identificar al depositante se elevó a 40 veces el salario mínimo vital y móvil (SMVM), es decir, unos 10.000 dólares aproximadamente.
- Registro de la Propiedad Automotor: El umbral para requerir documentación respaldatoria subió a 115 millones de pesos (cerca de 100.000 dólares). Además, se eliminó la certificación contable, reemplazada por declaraciones juradas sobre el origen y la licitud de los fondos.
- Registro de la Propiedad Inmueble: El monto que debe reportarse a la UIF pasó a ser 750 veces el SMVM, equivalentes a aproximadamente 200.000 dólares.
Estos ajustes buscan facilitar el funcionamiento del Plan, que pretende reactivar el ahorro en dólares que permanece “bajo el colchón”, aunque hasta ahora con resultados limitados en términos prácticos.
Desde INFOPBA consideramos que, si bien la flexibilización normativa puede dar un respiro temporal, la falta de una base legal sólida y el contexto político desafiante plantean dudas sobre la efectividad real del plan a mediano plazo.
