Villa 21-24: denuncian penalmente a funcionarios del IVC por abandono de obras de agua potable

Redacción Grupo de Medios INFOPBA | www.infopba.com

Desde la Villa 21-24/Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, distintas organizaciones sociales emitieron un comunicado urgente. Señalan a dos funcionarios clave del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) —Leonardo Coppola y Hugo Savarino— por paralizar obras fundamentales de agua potable que afectan directamente a 88% de los habitantes de un barrio donde viven más de 80 mil personas. La denuncia penal ya fue presentada.

Las imágenes diarias de la villa son devastadoras: cloacas desbordadas, canillas secas, calles rotas por obras abandonadas, comedores que no pueden cocinar y miles de familias que compran agua embotellada o ruegan por un hilo de agua en la madrugada. Es una emergencia que lleva décadas, pero que se agravó profundamente por la inacción del Gobierno porteño actual.

En octubre de 2023 fue el último parte oficial del IVC sobre estas obras internas de agua, pluviales y cloacas. Desde entonces, no hay avances. Las cañerías troncales que instaló AySA están, pero sin la red secundaria —que debería ejecutar el IVC—, ese trabajo queda inútil.

La denuncia penal presentada contra Leonardo Coppola, presidente del IVC, y Hugo Savarino, Subsecretario de Integración Urbana y Hábitat, detalla el incumplimiento de un convenio firmado en diciembre de 2020 entre el GCBA y AySA. Solo se ejecutó el 39% de la primera etapa del plan de tres tramos con fecha límite prevista para el primer semestre de 2024.

El escrito menciona expresamente que ambos funcionarios violaron sus deberes como funcionarios públicos al no supervisar ni garantizar la ejecución de las obras adjudicadas. El testimonio de una denunciante —enferma de lupus, Chagas y artritis— visibiliza el impacto: "Hoy no tengo agua. Solo en la madrugada o algún feriado tengo un hilito. Pago botellas de agua y lavandería, porque no puedo cargar ni dos kilos por mi enfermedad".

La situación fue expuesta también por el Observatorio Villero de La Poderosa, la Fundación TEMAS y ACIJ, que informaron que solo el 12% de las viviendas accede a agua con condiciones mínimas. Aunque el 99% de las casas tiene cañerías, solo el 26% está conectada a una red formal y apenas el 37% recibe agua suficiente todo el día.

Para contener la emergencia, el mismo GCBA distribuye agua con camiones cisterna entre 9.000 y 12.000 veces al mes en el barrio. Es una medida costosa, transitoria e ineficaz. La obra estructural, la que realmente puede cambiar esta realidad, sigue detenida.

Si el IVC no ejecuta la red interna, la inversión de AySA queda marginada a los bordes del barrio. Mientras tanto, miles de niños y niñas crecen sin acceso a un derecho básico: el agua.

En la última semana, el caso ni siquiera fue mencionado en el debate legislativo porteño. Las organizaciones denuncian que “la Villa 21-24 no rinde políticamente” y por eso permanece ignorada. Pero la realidad ya no puede seguir tapada con marketing: en el barrio más grande del país, no hay agua segura.

Desde Grupo de Medios INFOPBA seguiremos de cerca esta denuncia y los movimientos de los funcionarios involucrados. El silencio institucional, ante una emergencia sanitaria de esta magnitud, ya no es una opción.

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Una reflexión que duele

Después de casi veinte años de gobiernos del mismo color político en la Ciudad, la falta de acceso al agua segura en una villa donde viven miles de chicos, chicas y familias trabajadoras no puede ser atribuida a una casualidad. Es el resultado directo de una gestión que decide a quién incluir y a quién abandonar. Y si el agua —lo más elemental— no llega, lo que está fallando es el modelo completo de urbanización e integración social.