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Por Redacción Grupo de Medios infopba.com
Una nueva investigación de Grupo de Medios INFOPBA revela el funcionamiento de una estructura paralela de desvío de fondos públicos durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante el uso del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una herramienta clave de la Secretaría de Integración Socio Urbana.
En 2020, la dirección del FISU fue otorgada a Fernanda Miño, dirigente del Frente Patria Grande, vinculada directamente a Juan Grabois. Bajo su mando, el fondo –destinado a financiar proyectos de integración urbana en barrios vulnerables– comenzó a direccionar contratos hacia cooperativas manejadas por dirigentes del Movimiento Evita, entre ellos Mariel Fernández, actual intendenta de Moreno, y su entorno íntimo.
Uno de los casos paradigmáticos es el de la Cooperativa de Trabajo 2 de Septiembre, adjudicada con fondos del FISU por más de $8 millones para realizar conexiones intra domiciliarias en el barrio Santa Paula II de Moreno. Esta cooperativa figura oficialmente con apenas 10 asociados y está conformada por familiares y allegados directos a la intendenta Fernández.
El manejo de los cargos dentro de la cooperativa refleja la concentración del poder: el tesorero era Emanuel Fernández, hermano de la intendenta, quien al asumir un cargo en el municipio cedió su puesto a su pareja, Mariana Silvina Sánchez, actual directora de Educación Comunitaria y Popular de Moreno.
La presidencia pasó por Damián Falfán, esposo de una funcionaria cercana y luego nombrado subsecretario municipal, hasta llegar a manos de su padre, Pedro Falfán. La secretaria, Mirna Coronel, también forma parte del círculo íntimo: es prima de Giselle Coronel, designada directora de Géneros por la misma intendenta.
Este entramado de designaciones y adjudicaciones evidencia una red de favores políticos y lazos familiares que desvió los fines originales del FISU. Los fondos, que debían mejorar la calidad de vida en barrios vulnerables, terminaron consolidando un circuito de financiamiento paralelo y discrecional al servicio de intereses partidarios.
En imágenes oficiales, incluso los carteles del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat llevaban impreso el logo de la Presidencia y el nombre del Movimiento Evita, dejando expuesta la naturaleza política de las obras financiadas.
El caso se vuelve más escandaloso si se considera que, en paralelo al crecimiento patrimonial de estas cooperativas, la propia intendenta Fernández pasó de residir en una vivienda modesta en Cuartel V a habitar un chalet con pileta en un barrio privado, junto a su esposo, el dirigente social Esteban "Gringo" Castro.
La estructura investigada se sostiene en una lógica clientelar, donde los fondos públicos se redistribuyen bajo una fachada de inclusión social, pero responden a una lógica de poder y enriquecimiento familiar.
Desde infopba.com seguiremos profundizando en este entramado, con el compromiso de informar y poner en evidencia a quienes se sirven del Estado para fines personales.
En un contexto de crisis económica y desconfianza hacia la política, este tipo de revelaciones profundiza el descreimiento ciudadano. Mientras miles de familias viven en la precariedad y esperan soluciones reales, una minoría organizada y enquistada en el Estado transforma la pobreza en un negocio. Es imprescindible que la Justicia investigue estos hechos y que la transparencia vuelva a ocupar un rol central en la administración pública.
